A REBUFO

Sobre el caso “Manada” y Catalá.

Por elemental cautela uno no se atreve a pensar que exista una campaña del Gobierno para someter al poder judicial. Es más plausible que los “arrebatos” premeditados de Catalá y Montoro sean una reacción espasmódica comprensible por el estado de zozobra en que vive  ya permanentemente el gobierno. Por mucha que sea la flema del Presidente esto no se puede aguantar. ¿Cuál será el próximo Clamor agitado por la Secxta que puede caer encima?

No hay peor tortura que no poder dormir. Sin duda que el Gobierno es consciente de su extremo desprestigio y no puede tapar su vulnerabilidad, ni desconocerla. Por ser bien pensados, todo se enreda al creer que perdido el PP se pierde España y que resiste como sacrificio por la nación. Pero sea cual sea su intención las invectivas de Catalá excitan la confusión en la que se mueve el clamor popular ante el veredicto. En puro juego de mezquindad política nada hay que reprocharle si eso es lo que pretende, a la espera de los resultados.

Por supuesto en este caso la indignación social responde a muchas razones y hechos objetivos, pero eso no quita que no sean menos manipulables por quienes manejan los resortes de la opinión pública. La protesta ante el veredicto no ha hecho más que catalizar un estado de justa sensibilidad ante los maltratos, violaciones y asesinatos de mujeres. Pero respecto al movimiento levantado y agitado es tan difícil distinguir entre la justa conmoción y la manipulación populista, tan arduo como distinguir en el veredicto de la Manada entre agresión o violación y el abuso, una vez que hay que meterse en la faena de ajustarse a estipulaciones legales más propias de sofistas.

La invectiva del ministro ha puesto en la picota al juez que ha propuesto la absolución. Aumenta la tensión que indigna a la opinión pública dando a entender que ese veredicto minoritario es el veredicto oficial. Es como si dijera que en el fondo el veredicto oficial y el minoritario son la misma cosa. Todo es lo mismo sino se dictamina que hay agresión. La sospecha puede extenderse hasta el punto de que el veredicto oficial estaría contaminado por tratar de conciliarse con el veredicto minoritario del réprobo. Esto tendría sentido si dicho réprobo se hubiera sumado pero no ha sido así. ¿Significa eso, como insinúa la defensa, que los jueces mayoritarios han hecho el apaño de recurrir al “abuso” por no atreverse a la absolución?

No tiene ningún sentido porque el razonamiento del veredicto induce fundamentalmente a concluir la violación y sus argumentos parecen alambicados para no llegar a ello. Si algo parece es que les ha movido más el afán de no pasarse, por si acaso, ue no llegar, como suelen hacer los liniers, disculpen la frivolidad, al pitar los fuera de juego. Bien cómodo les hubiese sido sino plegarse a la presión pública.

El hecho es que la pulcra conciencia jurídica se encuentra inmersa en un galimatías. Por buenismo seguramente los legisladores, Belloch y Margarita Robles en este caso, introdujeron sutilezas bizantinas que rayan con el sofisma matizando entre agresión y abuso, o entre rebelión y sedición, violencia según como, la coacción, la intimidación, la protesta legítima e ilegítima, la insinuación, el mírame y no me toques o el tócame pero según como etc, etc. En el caso de “la manada” ¿como es posible que sea consentido un acto que obedece al sometimiento “por superioridad”?. Sólo lo es porque la ley entra en estas bizantinadas a mayor gloria del ultragarantismo. Con lo que ya es sorna que los campeones morales y políticos del ultragarantismo legal excitan a la opinión pública para expulsar a jueces que con menor o mayor acierto tratan de ceñirse literalmente a este sistema tan barroco.

Esta mezcla entre bizantinismo casuístico y ardor público es demasiado explosiva cuando entra en contacto. La opinión pública no es dada a las sutilezas y ante el caso de que se hubiera dictaminado violación o agresión y parecidas penas a las establecidas, me atrevo a pensar que habría remitido la marea, o esta hubiera quedado muy desarmada. Los jueces tiene que cargar con la complejidad del caso y la artificiosa madeja legal, madeja tan confusa entre otros motivos porque el legislador español teme más que se le tilde de riguroso que de blando. Pero como la opinión pública/publicada es caprichosa y no procede igual en tiempos tranquilos y confiados que en tiempos malhumorados y vengativos, y funciona según ad hominem, no hay juez que pueda dictaminar en paz ni saber por donde le van a llegar los palos.

El ministro, y el gobierno si no lo desmiente y reprocha por lo menos, procede como si le conviniera ponerse al rebufo del Clamor, no a la cabeza por más que quisiera, pues carece del indispensable caché justiciero. En circunstancias tan procelosas se apunta a aparentar que lo complejo es simple. Como los que publicitan que ante problemas complejos, soluciones simples. En este caso una buena cabeza de turco. Demasiada desesperación y, lo que es peor, se les nota. Como si el pánico fuera ya estructural y no hiciera distingos. Pero se ha traspasado una raya que no es nada sutil y que por mucho que sea el pánico no admite justificación ni comprensión: la que resguarda la presunción de honestidad, que no de acierto, de los veredictos judiciales. En esto oficia el maledicente ministro de rastrero pícaro tramposo. A sabiendas de que la opinión pública, por lo menos en España, tiene la propensión a considerar que el presunto error de los servidores públicos es producto de la deshonestidad, espera que la desvergüenza le traiga sino votos al menos congratulaciones o siquiera conmiseraciones, que por algo se empieza.