SOBRE EL “DERECHO A DECIDIR”.

La proclamación del comienzo de la ruta hacia la independencia, requeteconfirmando que la cosa va en serio, tiene, al menos, una doble virtud. Abre por una parte los ojos a la mayoría de la clase política y de la clase tertuliana que prefieren estar en Babia pase lo que pase, creyendo que no estamos más que frente a un asunto contable o ante un truco para despistar  de la crisis, la corrupción y otros asuntos perentorios.  Pero sobre todo sitúa la cuestión en sus justos términos: la invocación del “derecho a decidir” no es más que un eufemismo, ante la decisión de impugnar de partida la soberanía del pueblo español a favor de la soberanía del pueblo catalán, determinado como “sujeto político soberano”. En términos puramente formales y jurídicos estamos ante un círculo vicioso. Se invoca el derecho a decidir para determinar si el pueblo catalán es soberano, y se justifica el derecho a decidir por la previa soberanía del pueblo catalán. Y esa es la cuestión de fondo: ¿tienen derecho y razón los que así lo pretenden para proclamar a Cataluña como nación soberana dejando en suspenso el orden constitucional dentro del que Cataluña se inserta?.  Es obvio que en política el derecho se origina en los hechos consumados, aunque no debiera ser así  siempre. Si Cataluña se independiza y se le reconoce como país independiente, será titular del derecho de decidir soberanamente, sin duda. Pero no siendo así todavía, es procedente discutir si existe ese derecho y, sobre todo, si los nacionalistas tienen derecho a conseguirlo al margen de la ley constitucional y al margen en definitiva del resto de España. En términos puramente legales y formales la solución es sencilla. El orden constitucional  tiene sus trámites y procedimientos y los catalanes como los demás españoles tienen que atenerse al mismo. Pero está en cuestión ese orden desde una  presunta legitimidad superior, la soberanía constituyente del pueblo catalán. Pues lo que está abierto no es otra cosa que un proceso constituyente. La cuestión es pues: ¿existe esa legitimidad?, ¿hay razones, sino jurídicas, sí basadas en la realidad de los hechos para justificar esa legitimidad?. Que el asunto se vaya a resolver por la vía de los hechos no quita importancia a que se haga con razón o sin ella. Pues hay que confiar en que la historia, por mucho que se diga que la hacen los vencedores, no juzgará esto con indiferencia. Y sobre todo no hay que desechar del todo la posibilidad de que las razones influyan algo en el devenir de los acontecimientos.

Las razones que pueden invocarse a favor de esta legitimidad son de tres tipos: las referentes a la identidad étnica o de otro tipo suficientemente diferenciada; las referentes a la existencia o no de una tradición común; las referentes a la validez del pacto político vigente. Estos requisitos responden al hecho de que los componentes básicos de las naciones modernas, o de las naciones-estado son una cierta homogeneidad étnica y cultural que permite la integración de los miembros de esa sociedad; una tradición histórica común suficiente, decantada en unos ciertos valores comunes;  el pacto político que instaura la ley común y sobre todo la voluntad de convivir en corresponsabilidad. Pues al fin y al cabo lo que determina el ser o no una nación, en el sentido moderno de nación política, es la voluntad exclusiva de corresponsabilidad, a lo que se denomina soberanía.

Creo que cualquiera de estas razones, aun estado entrelazadas, podría bastar para legitimar la soberanía y el derecho a su ejercicio. Por lo menos hay que concederlo así, para equivocarse lo menos posible. Veamos someramente cada una de ellas.

Cataluña tiene desde luego un origen étnico cultural distinto del que predomina en el resto de España, por lo menos  si suponemos su origen en los tiempos carolingios. Pero la diferencia étnica con el tiempo y rápidamente fue inapreciable, máxime cuando se comparte un mismo origen ibero-latino en lo fundamental. Lo relevante es la diferencia cultural y lingüística. Hay sin duda una cultura y lengua propia catalana y en Cataluña, que se ha mantenido con altos y bajos, pero que ha tendido a enriquecerse y a salir boyante tras los momentos más comprometidos. Este patrimonio simbólico marca la identidad catalana en lo que tiene ésta de diferente respecto a los demás pueblos hispanos, incluidos los de Latinoamérica, y también, si se quiere respecto del resto de España en conjunto. Pero esa identidad no es la exclusiva de la sociedad catalana ni es incompatible con la identidad cultural del resto de España. La identidad lingüístico cultural catalana es compartida, siendo, por decirlo así, catalana-hispánica e hispano- catalana, según se mire. Ni respecto a  la cultura de élite, ni a la cultura popular lo castellano en su sentido muy amplio resulta algo ajeno. Y lo mismo cabe para las relaciones vitales y de convivencia, en lo que no hay sentimientos de comunidades diferenciadas, aunque predomine ideológicamente de forma abusiva un catalanismo excluyente. Pero por otra parte se puede decir que lo catalán-exclusivo está razonablemente integrado dentro del conjunto de la cultura española. Se respeta el catalán en las regiones de esta tradición y en el resto de España se admite sin problemas la política lingüística de Cataluña y de estas comunidades. Las relaciones de convivencia han sido igual de normales con los catalanes, que con los andaluces o asturianos, por mucho que la disputa futbolística proyecte el espejismo de una guerra abierta y de una incompatibilidad insuperable. Que quede mucho por hacer en pro de la mayor confianza mutua posible, no significa que lo que hay de diferente sea más fuerte que lo que hay en común. Ni mucho menos que tenga que  sepultar lo común.

Por lo que a la historia se refiere, es indudable que, desde la unidad de los reinos de España, la relación entre Cataluña y el resto de España no ha sido sencilla ni ha discurrido en línea recta. Cataluña ha ocupado sin duda la posición más singular y si se quiere conflictiva dentro de la historia de España. Pero España, por lo menos en sentido geográfico, ha sido en buena medida y fundamentalmente  su ámbito de proyección natural. Sobre todo  cuando, desde la derrota de Muret, (s. XIII) se proyectó junto con Aragón hacia el Levante peninsular. Y cuando precisó del apoyo castellano para conservar su imperio mediterráneo y protegerse contra Francia. Pues los condados catalanes y la catalanidad histórica se construyeron frente a Francia y en colaboración con los reinos de España. El condado de Barcelona, y si se prefiere Cataluña, es parte fundadora de España. Y su destino ha estado vinculado de una manera u otra con el destino de España. En este sentido aportó y recibió, tanto como entró en conflictos de gran calado. No es por ejemplo insignificante el hecho de que la unidad de España se originó a partir de la unidad entre la corona de Castilla y la corona aragonesa-catalana, frente a la otra posibilidad que estaba en juego, la unidad entre Castilla y Portugal. Y no se debió esto tanto a la imposición de Castilla como a la conveniencia de la nobleza catalana- aragonesa. Pero es obvio que el sistema semiconfederal de los Austrias y la hegemonía de Castilla impiden hablar de una marcha homogénea, a la manera que se supone en las naciones modernas.  Ha habido en lo fundamental una historia común pero con diferentes tiempos y papeles, por la sencilla razón de que Cataluña no podía tener una historia independiente, en base por ejemplo a su dominio del Mediterráneo, porque este dominio era imposible. En aquel ámbito cada uno, la parte castellana y la aragonesa, tendió a hacer su vida con algunas instituciones comunes, de la misma forma que así lo hacían todos los reinos del imperio hispano. ¿Y qué fue ese imperio sino un conglomerado de reinos unidos y más bien coordinados tras la hegemonía castellana?. Nada tuvo en esto Cataluña de singular, y ningún problema se planteó más que las disputas sobre los fueros y privilegios, normales en las sociedades medievales y pos renacentistas. La relación con la corona española entró en un terreno más comprometido al entrar en crisis el sistema de los Austrias. Desde entonces a la vez que Cataluña adquiere protagonismo frente a Castilla, dentro de España, empieza a perfilarse la “cuestión catalana”. 

Es imposible tratar esto con un mínimo decoro sin hacerlo con pausa y extensión, pero podemos destacar lo más esencial.  En lo fundamental: mientras Cataluña ha buscado, y en gran parte conseguido, la hegemonía y en ciertos períodos el dominio económico de España y las posesiones hispanas, ha tendido a distanciarse de su corresponsabilidad política, a no ser que limitara ésta a que el Estado protegiera esos intereses económicos. Esta dicotomía o si se prefiere esquizofrenia ha marcado la historia común. Seguramente que la responsabilidad de este desencuentro incumbe a todos los protagonistas y es una frivolidad juzgar la carga de unos y de otros. Bien pudo por ejemplo la tendencia a la esclerosis de las oligarquías castellanas y aragonesas chocar con las inclinaciones modernizadoras de la burguesía catalana, pero en términos prácticos se produjo un convenio y un reparto de papeles e intereses que funcionó en los dos sentidos, haciendo compatible la protección y el desarrollo de la industria catalana con el sistema rentista de los latifundios castellano andaluces. Que esto beneficiara el progreso conjunto de España es otro cantar. Pero resulta una completa deshonestidad intelectual calificar de colonial o de anexión a la situación de Cataluña en España. Igual que sería difícil achacar su prosperidad sólo a la iniciativa y al espíritu emprendedor de su burguesía, pasando por alto la protección del Estado y las manos proletarias del resto de España.

Siendo pues parte de una historia común, es evidente que esta ha pasado por momentos especialmente críticos. A destacar cuatro hasta ahora: la revuelta dels  segadors contra Felipe IV; la guerra de Sucesión ; la crisis del 98; la proclamación del Estát Catalá en la II República. La revuelta del XVII fue una reacción burguesa y popular contra la ruptura del status quo, al pretender el conde duque de Olivares integrar a Cataluña en la política imperial castellana, reacción que, al intervenir Francia, se tornó contra esta potencia. El resultado fue la vuelta a la corona hispana y la aparición de una sensibilidad anti francesa que aun llegó hasta el siglos XIX. La guerra de Sucesión fue un conflicto dinástico internacional en el que buena parte de Cataluña se posicionó contra los borbones en gran medida  por  el recuerdo del enfrentamiento anterior.  El decreto de Nueva Planta respondió en parte a  una represalia y un acto de uniformización del Estado, pero en cualquier caso originó un nuevo escenario que a grandes rasgos dura hasta nuestros días: la abertura económica de Cataluña al resto de España, incluyendo no se olvide las posesiones imperiales, y de otro parte el resquemor por la postergación de la cultura y la lengua. Creo a este respecto que hasta muy entrado el s. XIX  hubo una integración normal, en el sentido de que los motivos de la sociedad catalana no fueron muy diferentes de los del resto de España, guerra de independencia o el conflicto entre liberales y carlistas inclusive. La Renaixença catalanista de mediados del XIX sólo encontró un sentido político cuando la burguesía catalana achacó al Estado el desastre del 98 y la pérdida de sus intereses, que pasaban, no se olvide, entre otros  por la defensa de la esclavitud en las colonias. Esto ha creado el nuevo escenario hasta el franquismo. La burguesía catalana ha oscilado entre reclamar la protección del Estado frente a los anarquistas y socialistas, y ponerse a rebufo de estos movimientos obreros para tener en jaque al Estado español. Cuando la República, tuvo que decidir entre colaborar en la modernización de España o demoler el estado republicano. La tentativa de proclamar el Estado catalán en el 34 se justificó en la presunta deriva fascista de la República, pero fue más bien un intento oportunista de aprovecharse de la revolución obrera. Y es que en definitiva los conflictos nacionalistas y en especial el catalán se inscriben en la lucha entre las dos Españas, provocando en todo caso una distorsión en la forma que tomó esta lucha fratricida, sin poseer un protagonismo propio, como el que por ejemplo enfrentó a Inglaterra e Irlanda. Esto es especialmente relevante para el nacionalismo catalán, que, como movimiento moderno, se inscribió en el movimiento republicano y obrerista más general de modernización y democratización de España. La represión franquista afectó a lo catalán en cuanto parte del movimiento democrático general de España y no por un motivo de enfrentamiento nacional. Tan es así que las izquierdas no han dejado de mostrar su simpatía por el nacionalismo catalán, mientras que no tanto con el nacionalismo vasco peneuvista, en la creencia de que el leit motiv del mismo es colaborar en la creación de una España plural. Simpatía que ha propiciado una cierta identificación ideológica.

Lo que resulta de esta sumaria panorámica es que las tensiones y crisis, siendo reveladoras de una tensión de fondo digamos que estructural, no cuestionan el protagonismo de Cataluña en la historia de España, protagonismo en algunos aspectos desde el privilegio y el predominio, en otros desde el distanciamiento y la incomprensión. Y de este protagonismo se desprende la imposibilidad de que España sea lo que es sin Cataluña, y lo mismo Cataluña sin España. Sin mengua todo ello de que sería iluso esperar una solución definitiva a la “cuestión catalana”.

Pero el tema crucial del momento es el cuestionamiento del pacto político que sirve de fundamento a la España actual. Un tanto abusivamente se puede ver el pacto constitucional de la transición igual que como un acuerdo entre todas las fuerzas y poderes políticos de España, también como un pacto entre Cataluña y el resto de España destinado a resolver la “cuestión catalana”. Ese pacto se concreta en el respeto de la Constitución y del Statut. Lo que ahora está en juego es la impugnación del mismo y de cualquier pacto posible con el resto de España. ¿Hay razones para ello? Creo que un pacto o un acuerdo se puede romper si quieren hacerlo las dos partes, si se ha hecho de forma injusta e ilegítima o si la otra parte lo incumple. Es decir la simple conveniencia o ganas de romperlo por una de las partes no obligan a la otra parte a admitir esta ruptura. Si nos atenemos al estatuto de  autonomía tan denostado, este ha funcionado razonablemente dentro de la ambigüedad del sistema autonómico constitucional. Seguramente que el problema no ha sido tanto que no se reconociera la personalidad de Cataluña, cuanto el “café para todos” que ha llevado a diluirla en el conjunto de España para la conciencia de la ciudadanía catalana. El poder competencial se ha incrementado constantemente y la Generalitat dispone del poder fáctico casi total sobre toda Cataluña. Es difícil que en una Cataluña independiente la Generalitat tuviese necesidad de mucho más poder. Pero la relación con el resto de España no ha dejado de vivirse con incomodidad creciente por razones de muy diversa índole. Habría que tratar esto de forma especial y de hacerlo sería necesario otro trabajo.

 Vamos a ceñirnos a los motivos que pueden alegar los que pretenden revocar el pacto constitucional y estatutario. La idea de que “esto ya no funciona” se ha instalado pero apenas se dice qué es lo que no funciona. Creo que pueden darse dos motivos. El primero la constancia y continuidad del predominio nacionalista desde la transición. No sólo no ha menguado sino que se ha extendido incluso de forma exagerada hasta atraer incluso a una buena clientela antes socialista y de origen castellano parlante. Pero no es menos cierto que esta fortaleza electoral se ha hecho en nombre del autonomismo y de la aspiración a mejorar la posición dentro de España, aunque también con un espíritu de distanciamiento, indiferencia e incluso hostilidad creciente respecto al proyecto de España.

La razón presuntamente objetiva que se podría aducir es el desencuentro económico que tanto ha acentuado la crisis, cuajando lamentablemente en la insidia de “España nos roba”.  Se invoca además que no se comprende a Cataluña, sacando a colación los excesos que algunas tertulias suelen cometer, cuando por otra parte responden al descrédito tan habitual de España en los medios catalanes. Pero este toma y daca no puede aducirse seriamente como motivo objetivo de conflicto por ninguna de las partes, por mucho que lo más cómodo sea instalarse en la espiral de la acción-reacción. Supongo que habría mucho que decir sobre el problema de la balanza fiscal, pero hay algo que hay que aclarar con anterioridad. La izquierda nacionalista que es, por lo menos, bastante sincera en cuanto a sus intenciones, reclama la independencia por motivos estrictamente histórico identitarios, creyendo en una idea imaginaria de Cataluña y de España, así como de su historia. Para ellos el presuntamente desfavorable balance fiscal es una demostración de la maldad de España y del diferente interés de Cataluña y España, pero no es la razón para la secesión. Porque la única razón es que Cataluña es Cataluña y España es otra cosa distinta y ajena, vayan las cosas como vayan. Las élites del, en otrora, catalanismo “moderado” se inclinan ahora por lo mismo y cuesta pensar que el recurso de la discrepancia económica con el Estado no sea más que un señuelo.Es difícil saber si la burguesía tradicional, de la que el nacionalismo político sería supuestamente expresión, está de acuerdo con esto o si piensa que el problema es el encaje económico. Seguramente no sabe qué pensar, como ocurre con los socialistas catalanes. <Tema este interesante para la teoría política, en la  que todavía predomina la idea de que los movimientos y partidos políticos sólo son la voz pública de los intereses clasistas de poderes económicos determinados>.

Pero ¿hasta qué punto este desencuentro justifica una ruptura unilateral?. Desde la óptica catalana se puede argüir el mal uso que el Estado hace de su contribución, y tiene razones para ello, ya que el subvencionismo sin límite no ha ayudado precisamente a que las regiones más retrasadas progresen lo que debieran. Pero la contribución se ha hecho de acuerdo en lo fundamental según las reglas comunes, y con algún beneficio de más de acuerdo con el último estatuto. Y en todo caso el presunto perjudicado por este uso no es sólo la sociedad catalana. Que esas reglas sean discutibles y que Cataluña pretenda otras ad hoc no deja de ser cuestión negociable, pero nunca algo tan decisivo como para quebrar siglos de vida en común. Sobre todo si no ha intentado negociar nada en serio.

Pues al fin y al cabo de la misma manera que la Constitución ha condicionado relativamente la forma de la autonomía también ha permitido y respetado el ejercicio de la plena personalidad catalana. Mientras que por  otra parte ha ofrecido a los catalanes decidir en el gobierno y la marcha del resto de España, en una medida sin duda mucho mayor que la que puede hacer el resto de España en lo referente al gobierno catalán.

No se sostiene pues que, por cualquiera de estos motivos, se tenga derecho a romper unilateralmente el marco vigente y hacer uso del derecho a decidir en un sentido distinto del modo como ahora la sociedad catalana y la española ejercen ese derecho. Pues se hace uso del mismo al decidir en cada elección o consulta, pudiendo considerarse que este ejercicio es un acto confirmatorio de los procedimientos que establece la Constitución. Reglas de juego que permiten y amparan el derecho a cuestionar o acabar con la Constitución y la unidad de España, siempre que se haga conforme a esas reglas. Los nacionalistas  catalanes sólo pueden  llenarse de razón si proponen una negociación razonable de su proyecto de independencia con el resto de España, si demuestran que ese es el único camino para la prosperidad de Cataluña,  y por último que esta separación no se hace a costa de los intereses del resto de España. El argumento de que la voluntad de separarse es suficiente es tan legítimo como el que pudiera tener la otra parte para impedir esa separación. Si la política se moviera por motivos racionales se evitarían el recurso a ese tipo de “razones”. No sueño con que esto suceda alguna vez,  pero quizá sea posible presionar para que se razone lo más posible.