Es
justo y correcto actuar con proporcionalidad, disculpen la
redundancia. Pero los que invocan la proporcionalidad, dando a
entender así lo que NO van a hacer y no lo que van a hacer, debieran
explicar cual es el término de la proporción, es decir el proceder
justo, en el caso de un Golpe de Estado.
Como sin duda se trata de
una cuestión política y no meramente una cuestión jurídica
ordinaria, sin duda lo pertinente, es decir proporcional, sería someter
a los golpistas, respetando y aplicando el Estado de Derecho que estos
pretenden suprimir. Hay legislación suficiente en la Constitución y
en el código penal que viene como anillo al dedo. Pero según los
cálculos de los que invocan la proporcionalidad, el Gobierno y los
partidos constitucionalistas, esto sería desproporcionado.
Como
no cabe duda de la buena voluntad del Gobierno, en especial,
seguramente que esta paradójica conclusión obedece a un cuarteto de
temores básicos.
El
temor a que los sediciosos la armen con ganas y que atraigan para su
causa a tantos y tantos catalanes confundidos que se sentirían
agraviados.
El
temor a que las izquierdas, en esto no hay distingos, cierren filas
responsabilizando al gobierno por “la falta de diálogo”,
ausencia de reformas e incapacidad de “seducir” a los catalanes.
Que rizando el rizo las extremas izquierdas “nacionales”
aprovechen para extender la revuelta en toda España.
El
temor a que la gente sencilla y potenciales seguidores descubra que
había algo muy gordo cuando se le aseguraba que no pasaba ni podría
pasar nada y le reproche consecuentemente que trata de endilgarles lo
que debiera resolver y ya estar resuelto.
El
temor más trágico posible de que en caso de que los plasmas se
calienten la opinión pública mundial tome cartas en el asunto y le
reproche la represión y la violación de los derechos humanos de los
catalanes.
Se
trata así de hacer lo que se pueda pero con estas “limitaciones”.
Proceder enérgicamente pero sin provocar ni alarmar.
Quizás
sea esto lo razonable, según el grado al que se ha llegado. Pero
sería un abuso seguir con el eufemismo de la fortaleza del Estado de
Derecho. Igual que se ha demostrado abiertamente la catadura moral de
los separatistas desde el atentado de Las Ramblas hasta el remate del
Akelarre del Parlament, se ha evidenciado la debilidad ideológica y
política de la sociedad española que ha de sostener al Estado de
Derecho. No llamemos pues fortaleza a lo que es profunda debilidad e
impotencia. ¿Permitiría una sociedad consciente y comprometida con
sus derechos y de los fundamentos de su convivencia el Procés, el
Preprocés y ahora el Posprocés? ¿De donde vienen pues esas
“limitaciones” que el gobierno piensa que no tiene más remedio
que respetar?
Seguramente
si el Gobierno y de paso la clase política constitucionalista diera
una muestra de fortaleza haciendo un ejercicio de humildad, es decir
mostrando la gravedad de lo que está en juego, muchos españoles
podrían empezar a despertar de la modorra.
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